Autor: Ileana Di Giovan / Fecha: 25/01/16
Las asociaciones empresariales han colaborado desde hace décadas con la Cancillería en la preparación de documentos técnicos, definición de intereses y elaboración de estrategias para las negociaciones económicas internacionales en todos los ámbitos. Y han participado con los delegados públicos en las negociaciones, aportando datos, acercando aliados, soportando embates y empujando y reforzando las posiciones en las instancias decisivas. Esta relación de cooperación, lamentablemente, sufrió un paréntesis en los últimos años.
Por su parte, desde 2006, MAIZAR, con la colaboración del ITBA, de la CAF y expertos del INTA, realizó estudios sobre cambio climático y negociaciones internacionales. Creó en 2009 una Comisión de Sustentabilidad, profundizó el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura argentina y -lo que es determinante- procedió a realizar huellas de carbono con datos de emisiones reales y lanzó el Proyecto Huella de Carbono MAIZAR. Su director ejecutivo, Martin Fraguío, fue el incansable promotor de una serie de reuniones en MAIZAR y en diferentes comités públicos y privados.
A comienzos de 2015, cuando empezó a organizarse la participación de la Argentina en la Conferencia de Cambio Climático y se enfrentó un calendario intenso de reuniones preparatorias, se prendieron luces amarillas y rojas en la Cancillería y en el sector privado. Se temía una posible colisión entre los objetivos de la producción agropecuaria nacional y la seguridad alimentaria mundial y las recomendaciones y obligaciones que pudieran surgir de la Conferencia sobre Cambio Climático a celebrarse en París en diciembre de ese año. Por entonces, las relaciones entre la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y el sector privado estaban cortadas.
En abril, se inició un proceso de diálogo e intercambio de información entre funcionarios de Cancillería y representantes del sector productivo para definir con claridad los objetivos nacionales. “Fue un acto de confianza mutua que aceleró un proceso de coordinación de información, relevamiento de amenazas y definición de estrategias”, dice el embajador Hugo Gobbi, máximo responsable diplomático en la Conferencia de París.
Las conclusiones de este grupo se presentaron, con la colaboración de Juan Pablo Sain, a los candidatos presidenciales para que llegaran al escenario de las negociaciones.
Lo que ocurrió en la Conferencia de París, en diciembre de 2015, es conocido: negociadores oficiales y representantes del sector agropecuario argentino movilizaron en nuestro favor incluso a nuestros socios del Mercosur y al conjunto de países en desarrollo, para lograr la adopción de las propuestas argentinas y nuestra propia formulación de la agricultura sustentable.
Ahora, la cooperación público-privada enfrenta un nuevo desafío: elaborar los standards y buenas prácticas y los mecanismos de control y de certificación de sanidad, calidad y sustentabilidad que demuestren y garanticen que la Argentina es un país de excelencia en materia alimentaria.
La canciller Susana Malcorra ha proclamado “una Cancillería de puertas abiertas” y nos consta que es así. Acérquense, estimúlennos, hagan propuestas, para que elaboremos y adoptemos formalmente nuestro propios standards y reglamentos; colaboren para su implementación y control. No olviden que los países que no tienen sus propias estrategias son objeto de las estrategias de los otros.