“No puede ser que concejales prohíban productos permitidos por el Senasa”

La falta de lógica en materia de agroquímicos, en la que resoluciones municipales se imponen a regulaciones de carácter nacional, la publicación de un documento que pretende ser base de una legislación nacional al respeto pero también la necesidad de tener licencia social fueron algunos de los ejes del panel Buenas prácticas, el único camino, integrado por Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura de la Nación; Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba; Juan Brihet, de la Bolsa de Cereales de Buenos aires y Luis Macario, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que moderó Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe

“Es un desafío enorme ser un país federal, y en el tema específico de los agroquímicos se están haciendo aprendizajes durísimos. Tenemos que tener una discusión que establezca límites sobre las atribuciones de cada uno de los órdenes de gobierno. Nos encontramos con situaciones en que concejales de comunidades con 5.000 habitantes deciden la prohibición de productos avalados por el Senasa a nivel nacional”, afirmó Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el Congreso Maizar 2018, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario disertó en el panel Buenas prácticas, el único camino, junto con Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba; Juan Brihet, coordinador de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, moderado por Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe.

El próximo 5 de julio, dijo Bernaudo, se publicará un documento con recomendaciones básicas sobre aplicaciones de fitosanitarios que “contribuirá a construir confianza en la sociedad”, ya que estará avalado por los ministerios de Agroindustria; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud, y Ciencia y Tecnología.

Si bien el documento estará conformado por presupuestos mínimos sugeridos, podrá ser la base de un proyecto legislativo orientado a ordenar la heterogeneidad normativa presente en las distintas zonas de producción del país, especialmente en lo que respecta a aplicaciones periurbanas de fitosanitarios. “Existen normas que son atribuciones de la Nación y existen límites para las provincias y los municipios, y en el documento eso va a quedar plasmado”, aseguró Bernaudo.

Por su parte, Marcos Blanda indicó que el programa de promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de la provincia de Córdoba, que el año pasado distribuyó 70 millones de pesos entre 1.807 productores que validaron las BPA, en 2018 contará con un presupuesto de 100 millones de pesos.

“Este año, entre los ítems por incorporar al programa de BPA podrán incluirse nuevos aspectos, tales como los indicadores IndicAGRO desarrollados por la Bolsa de Cereales de Córdoba, o la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas instrumentada por Aapresid”, señaló Blanda. “Los productores que participaron del programa de BPA, además de un beneficio económico, se llevaron a su campo un cartel para que sus vecinos sepan que recibieron un reconocimiento porque hacer las cosas bien”, contó.

“Es mucho más fácil prohibir que trabajar para establecer los consensos necesarios para buscar soluciones”, dijo el funcionario cordobés. “Hay una demanda social y ante esa demanda tenemos que generar una licencia social, que no va a generar el gobierno ni una sola institución; la vamos a tener que generar día a día entre todos”, agregó,

Luis Macario explicó que la iniciativa de crear IndicAGRO surgió de la necesidad de generar una herramienta accesible que permitiese validar la situación de la licencia social para operar en la actividad. “Yo provengo del sector manicero y fui testigo de cómo los compradores europeos, además de la calidad y el precio, comenzaron en un momento a exigir trazabilidad de los alimentos a partir de las presiones instrumentadas por (cadenas europeas de) supermercados”, apuntó Macario. “Esta tendencia no tiene vuelta atrás porque el mundo va en ese sentido”, añadió.

Juan Brihet explicó el funcionamiento de la red de Buenas Prácticas Agrocuarias (Red BPA) que desarrolló, a partir de consensos entre todas las instituciones que integran la cadena de valor agrícola, protocolos con recomendaciones básicas para el sector. “Tenemos una mesa plenaria en al que armamos reuniones mensuales (en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires) y existe un comité ejecutivo, que se dedica a las acciones sobre cuestiones o demandas puntuales”, comentó Brihet. “La red, además, cuenta con un nodo regional en la provincia de Córdoba y diez comisiones de trabajo específicas, cada una de las cuales tiene un coordinador asignado”, añadió.

“Entendemos que este ámbito interinstitucional es esencial para que podamos sumar esfuerzos en un trabajo conjunto y evitar que cada uno siga por su lado sin que a veces ni siquiera sepa qué estaban haciendo los otros, aunque tengamos una problemática común”, concluyó.

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