Biotecnología: China es un cuello de botella

La Argentina es el tercer productor mundial de cultivos transgénicos, principalmente soja y maíz. En el plano del comercio internacional, es el primer exportador de harina y aceite de soja y el tercero de maíz.

A partir de las políticas impulsadas por el Gobierno de eliminar los derechos de exportación en todos los cultivos -excepto en soja, para la que rige un plan de eliminación gradual-, el sector productor viene creciendo en superficie y en producción, salvo el último año, afectado por la mayor sequía de las últimas cuatro décadas. Este cambio hace que se abran nuevas oportunidades para la exportación de nuestros productos, creciendo en algunos destinos y abriendo nuevos mercados en diferentes destinos.

Esta integración comercial requiere de una armonización con los sistemas regulatorios de los principales compradores, para mantener la competitividad y seguir creciendo en exportaciones. Es, por lo tanto, de vital importancia que los productores puedan acceder a nuevas tecnologías y no se interrumpa el comercio internacional.

El sistema regulatorio argentino, creado en 1991, está basado en ciencia y evalúa tres aspectos clave. Dos de ellos refieren a la bioseguridad: el ambiental -responsabilidad de la Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola (Conabia) y el de inocuidad alimentaria (competencia del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria, Senasa); el otro, al impacto en mercados, principalmente de exportación.

A lo largo de estos años, el sistema ha ido mejorando y se han actualizado las resoluciones que lo componen, al punto que la FAO reconoció a la Conabia como Oficina de Referencia. Desde su creación, esta institución ha dado aprobación comercial a varios eventos de algodón, soja, maíz, papa, cártamo y alfalfa. Sin embargo, algunas han estado condicionadas a su aprobación en ciertos mercados destino de exportación del cereal, como el chino.

Las aprobaciones de transgénicos para importación en China han sufrido retrasos en los últimos años, y eso generó impactos tanto en el frente exportador, por el retraso en la adopción de tecnologías necesarias para el productor, como en el importador, ya que se vio disminuida la disponibilidad de alimentos para la industria avícola y porcina y aumentó el costo del maíz para sus consumidores.

Un estudio reciente, encargado por CropLife International, entidad que agrupa a las industriales y las entidades del sector, indica que las demoras en las aprobaciones en China (en el período 2011-2016) disminuyeron los ingresos de nuestros productores en una cifra cercana a los 1000 millones de dólares, con su consiguiente impacto en la cadena agroalimentaria nacional. Como consecuencia de ello se podrían haber creado 13.000 puestos de trabajo y se podría haber incrementado en US$ 2000 millones el comercio.

Si China implementara en los próximos años un proceso regulatorio predecible de ahora en adelante, se calcula que nuestros productores aumentarían los ingresos en más de US$ 1,3 millones de dólares, se crearían 12.000 nuevos puestos de trabajo y las ventas comerciales aumentarían en más de US$ 3000 millones.

Para atender esta y otras problemáticas y con el propósito de sincronizar la aprobación mundial de productos biotecnológicos, las cadenas maiceras de Brasil, la Argentina y Estados Unidos formaron hace unos años Maizall, alianza estratégica que aborda los asuntos clave relacionados con la seguridad alimentaria, la biotecnología, la protección del medio ambiente y el comercio, trabajando con los gobiernos de los países importadores, con el fin de facilitar el comercio y dar acceso a los productores a nuevas tecnologías.