Autor: MAIZAR / Fecha: 28/09/23
Responsables de la producción de 190,1 millones de toneladas de soja y 175,8 millones de toneladas de maíz, que representan el 51,3% y el 15,2% de la producción mundial, respectivamente, los productores de Brasil, Argentina y Paraguay, aquí representados, manifiestan, a través de este documento, su preocupación por el Reglamento de la Unión Europea para Productos Libres de Deforestación (EUDR), que forma parte del Pacto Ecológico Europeo (European Green Deal).
En las últimas décadas, los productores rurales de América del Sur han invertido en prácticas sostenibles de producción de alimentos con el uso de la tecnología. Sin embargo, se ha producido un aumento significativo de la adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países importadores, que utilizan la preocupación medioambiental como justificación. Se trata de iniciativas que invierten la carga de la prueba, generalizan la culpa y hacen oneroso para el regulado demostrar su inocencia.
Relativizan, así, mediante leyes, reglamentos o barreras comerciales, el hecho de que nuestra agricultura se construye sobre los pilares de la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Por este motivo, las organizaciones que representan a los agricultores de soja y maíz se han reunido para debatir y medir el impacto en el futuro de la producción de soja y maíz de las injustas barreras impuestas por EUDR.
La disposición en cuestión es una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental que tendrá un impacto considerable en el costo de producción, aumentará los precios de los alimentos y distorsionará el comercio mundial. Condiciones retroactivas, que van más allá de la legislación nacional vigente y corren el riesgo de expulsar del negocio principalmente a los pequeños y medianos productores. Además, el reglamento lesiona la soberanía de los países exportadores, extrapola las competencias reguladoras de la Unión Europea y se colocan en una posición discriminatoria, violando los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas del Acuerdo de París.
Las medidas contenidas en EUDR no reconocen a la gran mayoría de productores rurales que preservan el medio ambiente. Se trata esencialmente de una medida punitiva, con mayores riesgos y costos para el operador privado.
La clasificación del riesgo medioambiental definida subjetiva y unilateralmente por EUDR es inaceptable, ya que afecta a la imagen y reputación de los países, distorsiona el comercio internacional, pone en peligro el acceso al crédito e implica un aumento de los costos de transacción de los países. Estos impactos se producirán a pesar de que estos países llevan años dando ejemplo en materia de regulación y preservación del medio ambiente, al margen de cualquier legislación o acuerdo internacional, con lo que tienen garantizado el mantenimiento de gran parte de sus territorios cubiertos de vegetación autóctona en volúmenes muy superiores a los practicados en Europa.
Los productores, aquí representados por sus organizaciones, reafirman su compromiso de seguir satisfaciendo la demanda mundial de alimentos producidos de acuerdo con los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental. Las organizaciones están abiertas al diálogo para encontrar una solución que beneficie a todos los eslabones de la cadena. Insistimos en la importancia de revisar esta legislación, excluyendo las clasificaciones por países, ya que son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los convenios multilaterales sobre medio ambiente.